La decisión de la fiscal general, revelada por Noticias Caracol y publicada por El Colombiano, ha generado controversia. El traslado busca, según la resolución, 'examinar de manera integral la adecuación típica de las conductas' y evaluar la viabilidad de 'mecanismos restaurativos o de terminación anticipada'.
Entre 2024 y 2025, Bogotá registró al menos 15 actos terroristas, incluyendo la quema de un bus del SITP y el uso de explosivos contra una patrulla policial. En marzo de 2026, una Fiscalía especializada presentó un escrito de acusación por ocho delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y fabricación y tráfico de explosivos.
El Juzgado 10 Penal Municipal de Bogotá, que envió a los detenidos a prisión, señaló que los hechos 'no pueden estar amparados por el ejercicio legítimo de la protesta' y que constituyen 'acciones violentas de manera exacerbada'. La decisión de la Fiscalía contrasta con esa postura judicial.
La resolución fue emitida horas antes de la audiencia de acusación del 17 de junio de 2026, según confirmó la fuente. El Colombiano no reporta que la audiencia haya sido suspendida ni que la Procuraduría haya anunciado una evaluación de legalidad.
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