La Sala Plena del alto tribunal concluyó que, por las obligaciones que crea para el Estado colombiano, el documento debe seguir el mismo procedimiento previsto para los tratados internacionales. Esto implica que el acuerdo no puede producir efectos jurídicos en Colombia mientras no sea aprobado por el Congreso y revisado por la propia Corte.
El acuerdo fue anunciado en julio de 2025 y firmado simbólicamente en Caracas por el entonces jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, y la ministra de Comercio, Diana Morales, por Colombia; y por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por Venezuela. Desde entonces, el memorándum permanecía congelado, según declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio, quien condicionó su avance a la resolución de la detención de 38 colombianos en Venezuela.
La decisión de la Corte Constitucional se conoce en medio de un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países. La canciller Villavicencio había señalado que el acuerdo no avanzaría mientras no se resolviera la situación de los colombianos detenidos en Venezuela. Ahora, el tribunal ordena que el memorándum debe ser tramitado como un tratado internacional, lo que implica un proceso legislativo y de control constitucional que podría tomar meses.
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