El gobierno de Gustavo Petro ha formalizado la creación de 22 Entidades Territoriales Indígenas (ETI), un paso que otorga a estas comunidades la capacidad de administrar sus propios recursos públicos y ejercer un gobierno autónomo. La ETI más destacada es Wuinpumüin, ubicada en la Alta Guajira, que abarca 257.408 hectáreas y permitirá a sus autoridades gestionar recursos para salud, educación y agua potable.
Las ETI se extienden desde la Alta Guajira hasta la Amazonía, incluyendo territorios como Arica, que cuenta con más de 1,48 millones de hectáreas. Este proceso se fundamenta en decretos expedidos en 2014, 2018 y 2025, y se presenta como una respuesta a la omisión legislativa del Congreso en la reglamentación de estas entidades.
Las nuevas entidades administrarán recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y regalías, lo que plantea interrogantes sobre el control fiscal y la transparencia en la ejecución de estos recursos. La creación de las ETI ha sido considerada por algunos como una reparación histórica para los pueblos indígenas, mientras que otros la ven como una reconfiguración del Estado que podría generar conflictos territoriales y jurídicos.
Este desarrollo abre un debate sobre la legitimidad de la autonomía otorgada y sus posibles efectos en la convivencia entre comunidades indígenas y no indígenas. ¿Cómo se garantizará la transparencia en la administración de los recursos? ¿Qué medidas se tomarán para evitar conflictos territoriales en las regiones afectadas?
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