Durante una reciente intervención, el magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que la eliminación de esta jurisdicción requiere un proceso legislativo que incluye al menos ocho debates en el Congreso. Esto significa que no se trata de una decisión que pueda tomar el presidente electo de manera unilateral.
La JEP, creada como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, tiene la responsabilidad de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Ramelli destacó que la JEP cuenta con importantes blindajes constitucionales e internacionales, lo que incluye reformas a la Constitución y un acuerdo con la Corte Penal Internacional.
El magistrado también advirtió que cualquier intento de eliminar la JEP podría vulnerar los derechos fundamentales de las víctimas y poner en riesgo la estabilidad del acuerdo de paz. En Colombia, aproximadamente 15.000 víctimas individuales y 420 grupos étnicos dependen de este sistema para obtener justicia y reparación.
La discusión sobre la JEP y su futuro se da en un contexto político complejo, donde diferentes sectores tienen opiniones encontradas sobre su funcionamiento y eficacia. ¿Qué decisiones tomará el nuevo gobierno respecto a la JEP y cómo afectarán a las víctimas en Boyacá y el resto del país?
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