El documento, que recoge cifras del Comando General de las Fuerzas Militares, detalla que la Fuerza Pública ejecutó 24 bombardeos en el mismo periodo. Antioquia concentró la mayor cantidad, con ocho; le siguen Norte de Santander, Cauca y Guaviare, con tres cada uno; Chocó, con dos; y Arauca, Caquetá, Casanare, Amazonas y Vaupés, con uno cada uno.
En cuanto a bajas de uniformados, el número de heridos descendió a 385 en 2023, el punto más bajo desde 2010, pero repuntó a 499 en 2024 y a 765 en 2025. Los muertos fueron 84 en 2023, 101 en 2024 y 173 en 2025.
Al cierre del gobierno, nueve funcionarios públicos permanecen secuestrados, entre ellos miembros de la Fuerza Pública y servidores de la Fiscalía. Entre los casos reportados está el patrullero Harold Ricardo Martínez, secuestrado el 31 de octubre de 2025 en Tarazá (Antioquia), atribuido a disidencias de las Farc bajo alias Iván Mordisco. En Cauca y Nariño, entre octubre y noviembre de 2025, fueron secuestrados cinco soldados profesionales: Víctor Hugo Yepes Balboa, Jeison Javier García Rodríguez, Brayan Stiven Ruiz Toro, Juan David Buitrón Caicedo y Jamerson Adrián Guacheta. El auxiliar de Policía José Larrando fue secuestrado en la zona rural de Buenos Aires (Cauca), también atribuido a disidencias de las Farc. Desde julio de 2025, el Frente de Guerra Nororiental del ELN mantiene secuestrados a Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, servidores del CTI de la Fiscalía.
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