Abelardo de la Espriella revela paquete de 15 reformas a la justicia: veeduría a la JEP, fin de la imputación y revisión del Código Penal

Según la información publicada por El Colombiano, las reformas incluyen un 'control crítico sobre la JEP', con una postura de veeduría estricta y crítica frente a los resultados, gestión y decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz. También se impulsará la supresión formal de la audiencia de formulación de imputación para agilizar el tránsito directo hacia las etapas de acusación.

En el proceso penal ordinario, se buscará reducir el papel del Ministerio Público (Procuraduría), reubicando su talento humano en áreas de alta prioridad social. Además, se promoverá un cambio legislativo para que un juez controle el proceso desde la acusación hasta la preparatoria, reservando el juicio oral a un juzgador o tribunal diferente.

Otro de los ejes establece que la solicitud de absolución por parte de la Fiscalía obligue al juez a decretarla de forma inmediata, salvaguardando los recursos legítimos de las víctimas. También se creará un órgano jurisdiccional independiente enfocado en investigar y acusar penalmente a los administradores de justicia.

Para evitar libertades por falencias procedimentales, se implementará un plan nacional de capacitación técnica para fiscales y policía judicial. Asimismo, se liderará una revisión exhaustiva del Código Penal para excluir conductas que no ameritan persecución penal, con el objetivo de aliviar la crisis carcelaria.

En delitos contra el patrimonio, el uso de medidas no privativas de la libertad quedará condicionado a que el procesado garantice el 50 % de la pretensión económica de la Fiscalía. Se fortalecerán los preacuerdos bajo criterios de proporcionalidad entre la colaboración del procesado, el daño causado y la reparación a la víctima.

Las medidas también incluyen una estrategia interinstitucional de máxima severidad contra las finanzas ilícitas y el blanqueo de capitales, un enfoque de respeto absoluto y fortalecimiento financiero para la Defensoría del Pueblo, y una armonía institucional con las altas cortes. Según El Colombiano, estas reformas empezarían a promoverse desde los primeros 90 días del mandato de De la Espriella, que iniciará el próximo 7 de agosto.