La Contraloría General de la República reveló que una auditoría al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) detectó diez hallazgos con incidencia fiscal, doce con presunta incidencia disciplinaria y uno con posible alcance penal, por un total de $176.795 millones en presuntos pagos indebidos durante la vigencia 2025.
El hallazgo de mayor valor corresponde a un presunto pago indebido de $133.255 millones por servicios médico-asistenciales represados e intereses, girados a la Unión Temporal Medisalud (Región 4: Boyacá, Casanare y Meta) y a la UT Redvital (Región 8: Antioquia y Chocó). Según la Contraloría, esos pagos debían ser asumidos por los operadores salientes y entrantes según los contratos, no por el Fondo.
Además, se encontró una subestimación del pasivo por $598.363 millones por una reclasificación inadecuada de obligaciones relacionadas con sanciones por mora. También se identificaron desembolsos irregulares a docentes pensionados por prima de mitad de año, sin cumplir requisitos legales o en contravía de decisiones judiciales, por un presunto detrimento de $27.982 millones.
El Fomag pagó $5.479 millones en sanciones moratorias con recursos de destinación específica, y otros $2.531 millones en sanciones moratorias y $6.738 millones en intereses moratorios por retrasos en cesantías y fallos judiciales. Se registraron pagos de mesadas pensionales después del fallecimiento de docentes y beneficiarios por $419 millones, y pagos en exceso por pensiones de invalidez y sanciones por mora por cerca de $369 millones.
La Contraloría atribuyó presunta corresponsabilidad a Fiduprevisora (administradora del Fomag) y a las entidades territoriales. El gobierno de Gustavo Petro eliminó el esquema de operadores regionales desde el 1 de mayo de 2024 y trasladó a Fiduprevisora un papel central en la contratación y pago directo a prestadores de salud. Debido a las inconsistencias contables, la Contraloría decidió no fenecer la cuenta del Fomag correspondiente a la vigencia 2025.
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