La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a seis años de prisión al exgobernador encargado del Chocó, Francisco Abraham Palacios Mena, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo. La decisión, conocida este jueves, se originó por irregularidades en dos contratos suscritos en 2013 para la construcción de la primera etapa de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) en Istmina, financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
La Corte impuso una multa de 145,58 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una inhabilidad de 88,48 meses para ejercer derechos y funciones públicas y ordenó la captura inmediata del exfuncionario para que cumpla la pena en un establecimiento del Inpec. El exgobernador fue absuelto del delito de peculado por apropiación.
La investigación se centró en el Contrato de Obra No. 010 de 2013, por $4.793.416.093, y el Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 032 de 2013, por $336 millones. La Sala concluyó que Palacios Mena desconoció los principios de planeación, transparencia y responsabilidad de la contratación estatal, interviniendo en la elaboración de estudios previos, apertura de licitación y firma de contratos cuando era secretario de Infraestructura, Vivienda y Movilidad y luego gobernador encargado en 2013.
La Corte estableció que el contrato de interventoría fue suscrito el mismo día en que se abrió la licitación de la obra; la UTCH no tenía capacidad técnica ni logística para asumir esa labor y subcontrató la totalidad de la interventoría con un particular; no se realizó concurso de méritos ni estudios de mercado. Respecto al contrato de obra, el proyecto tenía fallas desde su planeación: el alcance fue modificado sin justificación técnica ni económica, los estudios previos se basaron en un lote de 15.000 metros cuadrados pero solo había 7.395 disponibles, lo que llevó a suspender la obra un día después de iniciada.
La Fiscalía presentó pruebas de incumplimientos de la Norma Sismo Resistente NSR-10, deficiencias en estudios de mercado y falta de análisis sobre viabilidad técnica y financiera del proyecto, que actualmente permanece inconcluso. La Corte rechazó los planteamientos de la defensa y concluyó que el exfuncionario, por su formación como ingeniero civil con estudios de especialización y maestría en estructuras, tenía los conocimientos para advertir las falencias. La Sala señaló que el dolo fue de alta intensidad y que su actuar fue premeditado, fraguado desde su condición de secretario de Infraestructura y perfeccionado como gobernador encargado.
La providencia concluyó que su actuación facilitó la apropiación indebida de recursos públicos en favor de terceros y estableció un detrimento patrimonial de $4.109.313.985. Durante el proceso también fue investigado el entonces gobernador del Chocó, Efrén Palacios Serna, pero la acción penal en su contra fue extinguida tras su fallecimiento en 2025. La decisión no fue unánime: el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera presentó un salvamento parcial de voto frente a la ejecución inmediata de la sentencia.
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