El brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez se convirtió en el octavo general retirado del Ejército Nacional en aceptar su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su participación en crímenes de guerra, específicamente en asesinatos y desapariciones forzadas. Este reconocimiento se dio en el marco de su mando en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, entre diciembre de 2007 y junio de 2009.
Según la JEP, durante este periodo se documentaron 604 asesinatos presentados falsamente como bajas en combate en la región de la Costa Caribe entre 2002 y 2008. De estas cifras, el Batallón bajo el mando de Hernández reportó 22 operaciones militares con un saldo de 37 bajas en combate, de las cuales 24 fueron identificadas como asesinatos ilegítimos.
Hernández Martínez ha declarado que devolverá las medallas que recibió por sus resultados operacionales durante su tiempo en el batallón, un gesto que busca asumir la responsabilidad por los crímenes cometidos. Este caso pone de manifiesto la gravedad de los 'falsos positivos' en Colombia, un fenómeno que ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad de las fuerzas armadas en estos crímenes.
La aceptación de responsabilidad por parte de Hernández podría tener implicaciones significativas en la justicia transicional en el país. ¿Qué otros altos mandos del Ejército seguirán su ejemplo y cómo impactará esto en la percepción pública sobre las fuerzas armadas en Boyacá y el resto del país?
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