El 30 de junio de 2026, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad de Óscar Hernán Caiza Dávila, intendente de la Policía, quien fue señalado por presunto acoso sexual a una subalterna en el año 2024, cuando se desempeñaba como comandante de la estación policial de Trujillo, Valle del Cauca.
La sanción se deriva de un proceso disciplinario llevado a cabo por la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Valle del Cauca, el cual aplicó un enfoque de género para abordar la situación. Este enfoque es parte de un esfuerzo mayor por parte de las autoridades para garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso en las instituciones públicas.
El caso de Caiza Dávila pone de relieve la necesidad de que las instituciones tomen medidas efectivas contra el acoso sexual, un problema que ha cobrado relevancia en el país. La decisión de la Procuraduría es un paso hacia la visibilización y el tratamiento de estas conductas que afectan la integridad de los trabajadores.
¿Qué medidas adicionales se implementarán para prevenir el acoso sexual en las fuerzas del orden? La comunidad espera respuestas claras de las autoridades competentes.
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