La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, se presentó ante la Procuraduría para declarar en el marco de la investigación disciplinaria abierta contra el ministro del Interior, Armando Benedetti. Esta investigación se inició tras recibir quejas por los insultos que Benedetti habría dirigido a Lombana en noviembre de 2025, durante un allanamiento en la vivienda del exsenador en Puerto Colombia, Atlántico.
Durante su visita, Lombana solicitó medidas de protección para los funcionarios de la Corte ante el clima de hostigamiento generado por las declaraciones de Benedetti. La Defensoría del Pueblo también ha respaldado a la magistrada, calificando los insultos como violencia de género.
La situación se desarrolla en un contexto de creciente tensión política, donde las investigaciones por presuntos hechos de corrupción relacionados con el tiempo de Benedetti como senador han captado la atención pública. La Procuraduría ahora evalúa las declaraciones de Lombana y las posibles implicaciones del caso.
¿Qué medidas tomará la Procuraduría en respuesta a esta solicitud de protección? La respuesta podría tener repercusiones importantes para la seguridad de los funcionarios judiciales en el país.
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