La Fiscalía General de la Nación ha tomado la decisión de aplicar la extinción de dominio a 47 bienes en el golfo de Urabá, los cuales están avaluados en $29.106 millones. Esta medida se enmarca en un caso que investiga presuntos delitos de tráfico de migrantes, un fenómeno que ha crecido en las últimas décadas en Colombia.
El golfo de Urabá se ha convertido en una zona crítica debido a su ubicación estratégica y a las rutas utilizadas por grupos delictivos para facilitar la migración irregular. La extinción de dominio es una herramienta clave que permite a las autoridades combatir el crimen organizado y proteger a las víctimas de este tipo de delitos.
Este tipo de acciones resalta el compromiso de la Fiscalía por enfrentar las redes de tráfico de personas, que no solo afectan a los migrantes, sino que también impactan la seguridad y el orden público en las regiones afectadas.
La decisión de la Fiscalía se da en un contexto donde las autoridades están intensificando sus esfuerzos para desmantelar estructuras criminales que operan en el país, especialmente en zonas vulnerables como Urabá. ¿Qué otras medidas se implementarán para combatir este fenómeno en el futuro?
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