La demanda cuestiona el cambio de sede por una posible vulneración de derechos colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la transparencia, la legalidad del gasto y la seguridad pública, según informó el ciudadano David Fernando Cano, quien presentó la acción.
El Tribunal requirió al Congreso y a las demás entidades involucradas entregar documentos y explicaciones antes de resolver sobre una medida cautelar de urgencia. El demandante pide que se publiquen los acuerdos del traslado, se certifiquen los costos y se abstengan de ejecutar recursos públicos adicionales sin demostrar necesidad, proporcionalidad y legalidad del gasto.
El presidente electo Abelardo de la Espriella defendió la elección de Cali como sede para la ceremonia del 7 de agosto, calificándola de austera y con un costo 'inferior a la mitad' del de la posesión de hace cuatro años. Según información en Secop, el Gobierno saliente dejó en firme contratos el 25 de julio para la organización y transmisión del evento por un valor conjunto de aproximadamente 5.950 millones de pesos, unos 950 millones más que la posesión de Gustavo Petro en 2022, aunque ajustado a la inflación sería un 12 % menos.
De la Espriella afirmó que esos contratos fueron estructurados por la administración saliente y que dio instrucciones para ahorrar recursos y no ejecutar la totalidad del presupuesto. El Congreso informó que los tiquetes aéreos de los congresistas serán cubiertos con recursos públicos, con un gasto estimado entre 300 y 600 millones de pesos, aunque la bancada del Pacto Histórico no asistirá y congresistas del Centro Democrático pagarán de su bolsillo.
De la Espriella proyectó un impacto económico de 10.000 millones de pesos para Cali por la llegada de unos 6.000 visitantes, entre jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, empresarios, autoridades y medios de comunicación. El Tribunal aún no ha fijado fecha para resolver la medida cautelar.
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