Defensora del Pueblo alerta a De la Espriella: siete propuestas de su gobierno podrían generar riesgos para los DD. HH.

En la misiva, Marín cuestionó la declaración de De la Espriella que diferencia entre 'auténticos periodistas' y 'activistas', y le recordó que el Presidente debe proteger a todos los periodistas, sin distinción. También advirtió sobre el anuncio de derogar el Decreto 003 de 2021, que regula la actuación de la Fuerza Pública frente a la protesta social, y el retorno al modelo del antiguo Esmad.

La defensora calificó de 'infundada' una advertencia de De la Espriella al senador Iván Cepeda sobre 'no estimular la violencia ni sembrar terror', por el riesgo de estigmatizar a la oposición. Asimismo, expresó preocupación por publicaciones pasadas del director designado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Lobo, con 'expresiones ofensivas y estigmatizantes' contra medios y opositores, y pidió evaluar esa designación.

Marín también advirtió sobre el anuncio de eliminar la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y DIH, e instancias que lideran la implementación del Acuerdo Final de Paz, pidiendo un 'plan de transición de carácter público'. Frente a la intención de derogar decretos que crearon las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), pidió no adoptar 'decisiones regresivas constitucionalmente'.

En cuanto a los anuncios de retomar la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito con 'bioherbicidas de última generación' y la reforma al licenciamiento ambiental, la defensora pidió informar qué sustancias se usarían. También señaló que la ministra de Educación designada ha promovido posiciones ligadas a 'una moral religiosa particular', incluyendo oposición a educación sexual con enfoque de género, y pidió que esas creencias no obstaculicen derechos de la comunidad educativa.

Marín recordó que en 2025 acompañó la recepción de 48 vuelos de deportación con 5.121 personas retornadas, principalmente desde Estados Unidos, documentando afectaciones al debido proceso y malos tratos. Mencionó los casos de Brayan Rayo Garzón, fallecido en un centro de detención migratoria en EE.UU., y Joan Sebastián Durán Guerrero, asesinado durante un procedimiento migratorio en Maine, señalando que De la Espriella no se ha pronunciado sobre este último. La defensora pidió instalar un canal de trabajo de alto nivel entre la Presidencia, ministerios y la Defensoría para examinar estas preocupaciones.