Plan de choque de 100 días para desmantelar 'territorio federal' en La Guajira, según documento que estudiaría Abelardo de la Espriella

El documento, que está en poder de Miller Soto —quien será vocero de la Presidencia de De la Espriella—, señala que la ETI concentra recursos y poder en el clan familiar Wouriyú Valbuena, representado legalmente por Custodio Wouriyú Valbuena, hermano de Armando Wouriyú.

La ETI de Wuinpumüin fue delimitada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el municipio de Uribia, abarca 257.408 hectáreas e integra nueve corregimientos estratégicos, desde Nazareth hasta Puerto Estrella y Castilletes, en la frontera con Venezuela.

El plan de choque propone que el 8 de agosto de 2026 De la Espriella firme un decreto que revoque la creación de las 22 ETI del país, comenzando por la de Wuinpumüin, y anuncie el 'fin de las repúblicas independientes'. En los primeros 30 días se prevé una operación jurídica que incluye la defensa del decreto ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Para el día 60 se plantea un 'choque anticorrupción' con auditoría forense e intervención a contratos firmados entre 2023 y 2026 del ICBF y los ministerios de Educación y Agricultura con la Asociación Wayúu Araurayú, por más de $20.038 millones, según el documento. Entre el día 30 y el 90 se planea devolver competencias administrativas y recursos del Sistema General de Participaciones a las autoridades municipales.

En el día 100 debe estar listo un 'Nuevo Pacto Wayúu', una mesa de trabajo con autoridades ancestrales para cumplir los objetivos de la Sentencia T-302 sobre derechos de niños wayúu. El documento también propone crear un nuevo municipio llamado Alta Guajira, con autoridades elegidas por voto popular.

El informe denuncia cuatro grupos de irregularidades: hegemonía familiar del clan Wouriyú Valbuena, irregularidades en la constitución de la ETI, inviabilidad fiscal y riesgos para la soberanía y seguridad nacional. Según el documento, la ETI podría manejar un 'botín' de $64.512 millones desde el Sistema General de Participaciones, y se señala la posible existencia de 'estudiantes fantasmas' y censos manipulados. El documento advierte sobre la intromisión de organizaciones como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua en la Alta Guajira, aprovechando la fragmentación del poder local.