La denuncia fue interpuesta por Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien advierte que estas amenazas buscan frenar la entrega de tierras y generar desplazamiento forzado en las comunidades rurales. Según la ANT, se han registrado ataques en al menos seis predios rurales desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio.
Uno de los incidentes más preocupantes ocurrió en la finca La Primavera, en Puerto López (Meta), donde cuatro hombres encapuchados y armados agredieron a miembros de una organización campesina, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los beneficiarios de la Reforma Agraria.
La ANT ha señalado que detrás de estos hechos estarían estructuras ligadas al narcotráfico, al paramilitarismo y ocupantes irregulares, lo que complica aún más la situación de los campesinos que buscan consolidar su acceso a la tierra.
Este patrón de amenazas y violencia no solo afecta a los campesinos directamente, sino que también pone en riesgo la implementación de políticas agrarias que buscan mejorar la calidad de vida en el campo. La Fiscalía ahora deberá investigar estos hechos para determinar la magnitud del problema y proteger a las comunidades afectadas.
¿Qué medidas tomará la Fiscalía para garantizar la seguridad de los campesinos beneficiarios de tierras del Estado? La comunidad espera respuestas claras y efectivas frente a esta alarmante situación.
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