La reciente resolución del Dapre ha permitido que los días 11, 12, 18, 19, 20 (festivo), 25 y 26 de julio, así como el 1 y 2 de agosto de 2026, sean considerados hábiles para adelantar trámites precontractuales, contractuales, administrativos y presupuestales. Esta medida ha suscitado controversia en medio de las tensiones políticas que se viven durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante.
La senadora María Fernanda Cabal ha cuestionado la decisión, argumentando que no debería permitirse la firma de contratos antes de que asuma el nuevo gobierno. Las críticas se centran en la percepción de que esta resolución podría acelerar procesos administrativos en la recta final de la administración actual, lo que podría dar lugar a contrataciones de personal de forma 'exprés'.
Además, la resolución aclara que la habilitación de estos días no implica el reconocimiento de trabajo suplementario para los funcionarios, lo que ha generado aún más debate sobre la legalidad y la ética de esta medida. En este contexto, el país observa de cerca cómo se desarrollarán estos procesos antes de la transición de gobierno.
La controversia se intensifica a medida que se acercan las fechas habilitadas, lo que podría impactar significativamente la gestión del próximo gobierno y el manejo de recursos públicos.
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