El expediente de Nicolás Petro Burgos ha enfrentado múltiples dilaciones desde su captura en julio de 2023, cuando fue detenido junto a su exesposa Daysuris Vásquez, quien es la principal testigo en su contra. A pesar de las acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos relacionados con la campaña presidencial de su padre en 2022, el caso aún no ha avanzado a juicio oral.
La fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien era la segunda fiscal encargada del caso, notificó su salida el lunes mediante una resolución interna. Esto ha generado preocupación sobre la continuidad del proceso, que se encuentra en la etapa preparatoria al juicio oral, donde se discuten las pruebas a presentar.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación indican que Nicolás Petro habría recibido dineros de dudosa procedencia cuando se desempeñaba como coordinador de la campaña presidencial en el Atlántico, incluyendo un aporte de $400 millones de pesos que se investiga en relación con su presunto enriquecimiento ilícito.
Con la salida de Laborde, la Fiscalía deberá designar un nuevo fiscal para continuar con el juicio oral, lo que podría prolongar aún más el proceso judicial. La controversia en torno a este caso no solo afecta a Nicolás Petro, sino que también tiene implicaciones políticas significativas, dado su vínculo familiar con el actual presidente de Colombia.
La fecha de designación del nuevo fiscal será clave para determinar los próximos pasos en este complejo proceso judicial.
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