El Decreto 0765 de 2026, expedido el 15 de julio por el Ministerio de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro, adiciona los Decretos 1071 de 2015, 1069 de 2015 y 1068 de 2015 en lo relacionado con el saneamiento de predios y mejoras adquiridos o transferidos a la ANT para los fines del artículo 31 de la Ley 160 de 1994. Según el artículo 2.2.6.19.4 de la norma, la Superintendencia de Notariado y Registro debe crear un código registral especial para identificar predios declarados de utilidad pública con fines de reforma agraria, con carácter publicitario y sin efectos de limitación al derecho de dominio.
En sus redes, Paloma Valencia afirmó que el decreto 'excede de forma peligrosa las facultades de la ley' y que 'no es reglamentar la ley; es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores'. Por su parte, María Fernanda Cabal expresó que la ANT tomaría posesión inmediata sin sanear títulos primero, y que si alguien tenía un derecho sobre el predio (crédito, hipoteca, litigio), 'ya no lo recuperas, solo te queda demandar indemnización al Estado'.
Valencia también señaló que el trámite del decreto fue acelerado: el periodo de comentarios en el portal SUCOP fue entre el 2 y el 8 de julio, y la norma se expidió el 15 de julio con ministros encargados. La exsenadora calificó el decreto de 'ilegal e inconstitucional' y advirtió que podría ser anulado por el Consejo de Estado, pero mientras tanto generaría afectaciones a la propiedad privada y transferencias de tierras 'sumamente difíciles de revertir'.
La noticia fue revelada por el diario El Tiempo. La controversia se enmarca en el debate político nacional sobre la reforma agraria en Colombia, sin que hasta el momento el Gobierno se haya pronunciado sobre las críticas de las exsenadoras.
Sigue leyendo
Este contenido es para suscriptores de Boyacá Digital.
Apoya el periodismo regional con inteligencia artificial.
