De acuerdo con fuentes citadas por El Colombiano, la Policía Judicial del ente acusador buscaría trasladar a las hermanas a la Dirección Especializada contra la Corrupción para avanzar en las indagaciones.
Según revelaciones de la revista Semana, el presunto esquema incluía el cobro de $1 millón por una reunión inicial, un anticipo de $200 millones para comenzar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor de los contratos adjudicados. Los empresarios contactados serían de Norte de Santander, Cesar y Santander, con proyectos relacionados con acueductos, cámaras de seguridad y programas de mejoramiento de vivienda.
Hasta el cierre de esta nota, no hay información que vincule el caso directamente con Boyacá, por lo que se cubre como un hecho de alcance nacional. La Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el estado actual de la investigación.
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