Fiscalía imputa cargos a presidente de Vertol Systems y a empresario por presunta corrupción en contrato de helicópteros MI-17 del Ejército

La Fiscalía colombiana imputó cargos a James Lester Montgomerie, presidente de Vertol Systems Company, y a Carlos Martín Uribe, propietario de MI Series Personnel & Parts, por presunta corrupción en un contrato de helicópteros MI-17 del Ejército. El contrato, firmado el 31 de diciembre de 2024, asciende a 32,4 millones de dólares (aproximadamente 130.000 millones de pesos colombianos) y estaba destinado al mantenimiento y puesta a punto de la flota de helicópteros MI-17.

Según la investigación, el presunto entramado fue coordinado por Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, quien habría ordenado verbalmente la contratación directa desde septiembre de 2024, sin los estudios jurídicos de respaldo. La Fiscalía sostiene que Suárez presionó al comité estructurador del contrato pidiendo 'no ser tan legalistas', trabajar con 'creatividad' y mantener 'una mente abierta' para favorecer la adjudicación.

El Ministerio de Defensa desembolsó un anticipo de 16,2 millones de dólares (cerca de 66.000 millones de pesos), equivalente al 50 % del valor del contrato. Aunque se recuperaron 22 millones de dólares (90.000 millones de pesos) mediante pólizas con la aseguradora Berkeley International, la Fiscalía señaló que el anticipo no regresó al Estado. La investigación reveló que se descartó una propuesta de cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos para el mantenimiento de las aeronaves, que ofrecía mejores condiciones económicas y técnicas.

Vertol Systems Company no acreditó experiencia, solidez financiera ni capacidad técnica; una visita técnica a su sede en Florida (EE. UU.) comprobó que no poseía la infraestructura requerida para el mantenimiento mayor de los MI-17. Para julio de 2025, el proyecto de mantenimiento registraba apenas un avance físico del 8 %.

Los delitos imputados incluyen falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, peculado por apropiación y tráfico de influencias de servidor público. La audiencia de imputación contra el exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto se reanudará el 27 de julio de 2026.