La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra la excongresista Gloria Arizabaleta por presuntas solicitudes de dinero y beneficios a cambio de decisiones favorables en la Comisión de Acusaciones, donde investigaba al presidente Gustavo Petro. Según el expediente, entre octubre de 2025 y junio de 2026, Arizabaleta sostuvo reuniones privadas con el abogado del presidente, Alejandro Carranza, en un restaurante de Chapinero, en su residencia en la vía Bogotá-La Calera y en un restaurante Buffalo Wings en el occidente de Bogotá.
De acuerdo con la declaración de Carranza ante la Corte, Arizabaleta le propuso actuar como enlace con el Gobierno Nacional para cerrar los procesos contra Petro antes del cambio de Gobierno, y le habló de 'gestión política' y de que 'ustedes tienen que negociar'. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del DAPRE, Nhora Mondragón, reconocieron ante la Corte que sostuvieron reuniones privadas con Arizabaleta, incluso en la Casa de Nariño, y que ella solicitó el nombramiento de una alta funcionaria en la Fiduprevisora.
Ávila declaró ante la Corte: 'La representante pretendía eran millones y buscaba un acuerdo corrupto a cambio de votos favorables en la Comisión de Acusaciones'. Además, Arizabaleta remitió a Carranza un documento interno de la Comisión de Acusaciones relacionado con el proceso contra Petro, según el material de la investigación.
El 10 de junio de 2026, dos días después de su último almuerzo con Carranza, Arizabaleta expidió un auto ordenando suspender al presidente Petro de su cargo. Carranza y Ávila informaron al presidente Petro sobre las reuniones la noche del 9 de junio de 2026; Petro calificó a Arizabaleta de 'extorsionista'. El Gobierno presentó la denuncia penal contra Arizabaleta solo después de esa reunión, siete meses después de los primeros encuentros.
La Corte Suprema busca establecer si Arizabaleta incurrió en conductas delictivas al solicitar dinero, cargos o beneficios políticos mientras adelantaba la investigación contra Petro. La investigación formal fue abierta por la Corte Suprema, que ahora deberá determinar si existen méritos para formular cargos.
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