La propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de realizar su posesión en el Cauca, aprobada por el Senado pero pendiente de la Cámara de Representantes, enfrenta desafíos de seguridad, logística y financiación que no tienen precedentes en la historia reciente del país. Según información publicada por El Tiempo, la Presidencia no cuenta actualmente con recursos destinados para financiar el traslado de los casi 300 congresistas ni de los demás asistentes nacionales; los recursos disponibles cubren únicamente transmisión del evento, alimentación y otros gastos operativos.
El Cauca es uno de los departamentos más afectados por la presencia de grupos armados ilegales, especialmente disidencias de las Farc y el ELN. Organismos de inteligencia emitieron una alerta reciente sobre un presunto plan de atentado contra el presidente electo. Las Fuerzas Militares avanzan en el planeamiento preliminar del dispositivo de seguridad, cuya ejecución depende de la aprobación definitiva del Congreso.
Uno de los lugares contemplados para la ceremonia es el campo de parada del Cantón Militar José Hilario López, en Popayán, único espacio con capacidad para más de 500 personas. La semana pasada, un dron con un artefacto explosivo cayó sobre un helicóptero dentro de ese cantón militar, aunque el explosivo no detonó. El primer anillo de seguridad estaría bajo la coordinación de la Casa Militar de la Presidencia; la UNP asumiría la protección de funcionarios e invitados; el Ejército controlaría el perímetro externo.
Será necesario trasladar al Cauca a los 296 congresistas, salvo excepciones como la del senador Iván Cepeda, quien informó que no asistirá. También deberán movilizarse jefes de Estado, delegaciones internacionales, magistrados, generales, el procurador, el contralor, el fiscal general, la defensora del Pueblo y otros altos funcionarios. Todos llegarían al aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, una terminal de tamaño reducido que también recibiría vuelos privados, incluido el del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
La Cancillería asumirá el hospedaje de jefes de Estado y delegaciones extranjeras; el Gobierno garantizará los esquemas de seguridad. Sin embargo, el transporte aéreo de los congresistas no está contemplado en el presupuesto vigente ni en el decreto que reglamenta la posesión presidencial, por lo que el Congreso tendría que destinar los recursos para garantizar la asistencia de sus integrantes. La decisión final de la Cámara de Representantes definirá si el operativo se pone en marcha.
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