El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el fin de la política de Paz Total y las negociaciones en curso con grupos armados, así como el desmonte de parte de la arquitectura institucional relacionada con la paz. La medida, según un análisis de Razón Pública, marca un giro radical en la estrategia de seguridad del nuevo gobierno.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Cancino, desmintió el desmonte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aclarando que no es posible constitucional ni legalmente. El gobierno entrante deberá actualizar la Ley de Orden Público y presentar una Ley de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales.
Desde Estados Unidos se anunció un Plan Patriota 2.0 en apoyo al nuevo gobierno colombiano, lo que sugiere un respaldo internacional a la nueva política de seguridad. No obstante, el análisis advierte que una campaña militar masiva e indiscriminada contra todos los grupos ilegales puede provocar una escalada del conflicto y mayor violencia contra la población civil, según estudios de Benjamín Lessing, Guillermo Trejo y Sandra Ley.
Grupos como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC o Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) enviaron comunicados al presidente electo manifestando su intención de continuar conversaciones con el Estado. En contraste, las mesas de conversaciones con el ELN y las disidencias de las FARC-EP probablemente no continuarán, según el análisis.
De la Espriella fue asesor jurídico de exparamilitares en las mesas de conversaciones de Santa Fe de Ralito en 2003, lo que añade un antecedente polémico a su nueva política. Los autores del análisis sugieren políticas de seguridad selectivas y diferenciadas para obtener mejores resultados en desmovilización y reducción de violencia.
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