La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) presentó un decálogo de recomendaciones dirigido al Gobierno electo de Abelardo de la Espriella, con el objetivo de frenar la crisis financiera del sistema de salud. El documento propone diez medidas organizadas en distintos horizontes de tiempo, desde acciones inmediatas hasta reformas estructurales de largo plazo.
En sus redes, la ACHC denunció que al cierre de 2025 el sector reportó una cartera de $25,7 billones, de los cuales $14,9 billones correspondían a obligaciones en mora. Por ello, propone consolidar un Plan Extraordinario de Liquidez y fortalecer el mecanismo de giro directo de la unidad de pago por capitación (UPC), elevando el porcentaje mínimo de recursos girados directamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud del 80 % al 90 %.
El gremio también planteó identificar fuentes fiscales específicas para financiar el pago de la deuda hospitalaria, incluyendo los recursos provenientes de los 0,5 puntos del IVA social destinados a salud. Además, la ACHC considera que el Gobierno de De la Espriella deberá escoger entre capitalizar, liquidar o mantener el esquema actual de intervención de las EPS bajo medidas de la Superintendencia de Salud.
Entre las propuestas de largo plazo, la asociación recomienda crear un régimen de insolvencia específico para los aseguradores del sector salud que proteja las acreencias de hospitales y clínicas, y reducir el desfase en el cálculo de la UPC, que actualmente se basa en información con un rezago de dos años frente a los costos reales, a un máximo de doce meses.
Para el primer año de gobierno, la ACHC recomienda la creación de un fondo de garantías que respalde el pago de las acreencias hospitalarias cuando una EPS entre en liquidación. El documento también advierte sobre el déficit de talento humano en salud y propone una política integral que involucre a varios ministerios y entidades.
Finalmente, la ACHC plantea una Administradora de Recursos de Salud (Adres) fortalecida como acumulador de recursos, riesgos e información, mientras entidades administradoras reguladas conservarían funciones de coordinación, auditoría y articulación de las redes de prestación. También propone que el país adopte una agenda nacional de resultados en salud con metas verificables y seguimiento territorial, medida por indicadores como mortalidad evitable, cobertura efectiva de vacunación y esperanza de vida saludable, y desarrollar un marco regulatorio para la inteligencia artificial, la telemedicina y la sostenibilidad ambiental en el sector salud.
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