
El magistrado Jorge E. Ibáñez se apartó de la decisión de la Corte Constitucional que aprobó la emergencia económica, la cual fue respaldada por una votación de 8 a 1 en la Sala Plena. La medida fue decretada por el Gobierno para atender las consecuencias de la ola invernal que ha impactado a varias regiones de Colombia.
Ibáñez cuestionó la necesidad de declarar un estado de excepción, señalando que el Estado disponía de mecanismos ordinarios para hacer frente a la situación climática. Además, argumentó que las lluvias intensas que llevaron a esta declaratoria habían sido pronosticadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) desde abril de 2025.
Por otro lado, el Gobierno estableció una meta de recaudo de 8 billones de pesos a través de impuestos para financiar proyectos de mitigación y prevención relacionados con la emergencia. Esta decisión ha generado un debate sobre la justificación de la medida y su impacto en los recursos públicos.
La postura de Ibáñez podría abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre la gestión de emergencias en el país y la utilización de recursos estatales. ¿Qué implicaciones tendrá esta decisión para la administración de recursos en Boyacá y el resto del país?
Sigue leyendo
Este contenido es para suscriptores de Boyacá Digital.
Apoya el periodismo regional con inteligencia artificial.





