Durante una reciente declaración, el presidente Gustavo Petro desmintió las afirmaciones del general en retiro Henry Sanabria, quien aseguró haber sido presionado para no interferir en la política de paz total del gobierno. Sanabria mencionó que recibió llamadas de Laura Sarabia, exjefa de gabinete, cuestionando procedimientos de la Policía Nacional.
En respuesta, Petro afirmó que 'jamás se han detenido operaciones militares' y subrayó que solo él tiene la autoridad para ordenar bombardeos. Esta aclaración se da en un contexto donde se han revelado grabaciones que sugieren que se estarían negociando condiciones con el Clan del Golfo, como frenar bombardeos a cambio de acuerdos de paz.
Laura Sarabia, por su parte, confirmó que sí mantuvo comunicación con Sanabria, pero aclaró que fue por instrucciones del presidente para entender el despliegue del Esmad durante una protesta feminista. Además, Sarabia anunció que su equipo jurídico ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Sanabria por presuntos delitos de injuria y calumnia.
La situación se complica aún más, ya que el Clan del Golfo es considerado por la Fundación Ideas para la Paz como una de las principales amenazas para la seguridad en el país. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas de seguridad y paz en regiones como Boyacá, donde la influencia de grupos armados puede afectar la tranquilidad de los ciudadanos.
¿Qué implicaciones tendrá esta controversia para la política de paz del gobierno y la seguridad en Boyacá? La atención sigue en la respuesta de la Fiscalía ante la denuncia presentada por Sarabia.
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