Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno Nacional, publicó un comunicado este jueves, a través de la firma de abogados Alzate Hernández, en el que rechazó las acusaciones de una presunta red de tráfico de influencias. En el documento, Guerrero negó haberse reunido con empresarios para gestionar contratos y aseguró no haber recibido dinero, comisiones o beneficios económicos relacionados con gestiones ante entidades públicas.
La investigación, publicada por la revista Semana, señala que Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero habrían integrado una red que ofrecía contratos a cambio de pagos millonarios. Según el reportaje, el esquema contemplaba el cobro de $1 millón por una reunión inicial, un anticipo de $200 millones y una comisión del 10 % del valor de los contratos. Como soporte, la investigación menciona chats de WhatsApp, audios, testimonios y comprobantes de consignaciones bancarias.
En el comunicado, Guerrero afirmó que desde hace más de un año no tiene vínculo contractual ni nombramiento con el Gobierno Nacional. Agradeció al Gobierno del presidente Gustavo Petro por la oportunidad de desempeñarse en la función pública y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades judiciales, compareciendo 'tantas veces como sea necesario'.
La investigación detalla que empresarios de Norte de Santander, Cesar y Santander habrían sido contactados con ofertas para proyectos de acueductos, cámaras de seguridad y mejoramiento de vivienda. Se asegura que las hermanas Guerrero habrían ejercido influencia ante entidades como los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, así como Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras.
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