La revista Cambio publicó una investigación que detalla cómo el gobierno de Gustavo Petro ha multiplicado exponencialmente la contratación en La Guajira, amparándose en la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional en el departamento por la crisis de desnutrición infantil. Según el informe, en los primeros 18 meses de la actual administración se firmaron 52 contratos por 96.880 millones de pesos, con un promedio mensual de 5.371 millones, cifra 616 veces superior a los 8,7 millones mensuales que registró el gobierno de Iván Duque en el mismo periodo.
Con corte al 9 de julio de 2026, el total acumulado asciende a 1.085 contratos por 1,78 billones de pesos. El 94,3% de esos recursos, equivalentes a 1,68 billones, fue gestionado a través del ICBF Regional Guajira. El operador con mayor volumen de recursos es la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuunaiki Waya’a A’asshaja’aka, con contratos por 35.861 millones de pesos.
La Procuraduría emitió alertas en junio de 2024 y febrero de 2025 señalando que en 2025 solo el 63% de las invitaciones para operar habían concluido en contratos suscritos, lo que afectó la atención de al menos 102.000 niños. La investigación también señala que la senadora Martha Peralta podría tener influencia burocrática en el ICBF Regional Guajira, según una publicación de El Colombiano del 5 de enero de 2025. Además, fuentes locales plantean vínculos entre operadores que recibieron contratos por más de 21.000 millones de pesos y figuras políticas cercanas a la alcaldesa de Albania, Nera Robles, y al exalcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez.
La Agencia Nacional de Tierras delimitó el Territorio Indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira (Wuinpumüin) mediante Resolución No. 202673000361726 del 10 de junio de 2026, abarcando 257.000 hectáreas. La organización Wayúu–Araurayú, vinculada a Armando Valbuena (compadre del presidente Petro), suscribió contratos por más de 20.038 millones de pesos entre febrero de 2023 y febrero de 2026 con entidades como el ICBF, DANE y alcaldías. El periodista Melquisedec Torres, columnista de El Colombiano, afirmó que en La Guajira hay unos 300.000 niños, lo que implicaría 6 millones de pesos contratados por cada niño.
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