El presidente electo, Abelardo De la Espriella, solicitó la intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación en varios procesos de contratación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que superan los 78.000 millones de pesos. La solicitud fue dirigida al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, con el fin de que se intervenga en actuaciones que involucran asuntos sensibles para la seguridad del Estado y la administración de recursos públicos.
La principal preocupación del Gobierno electo es el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, que busca contratar el servicio de escoltas para el presidente y su gabinete, con una adjudicación prevista antes del cambio de Gobierno el 7 de agosto. De la Espriella enfatizó la necesidad de asegurar que estas decisiones se tomen con respeto a los principios de legalidad y transparencia.
Además de este proceso, se solicita vigilancia sobre el proceso SC-UNP-050-2026, que contempla la adquisición de 188 botes y 264 motores fuera de borda, así como sobre seis procesos de contratación para resguardos indígenas que iniciaron en julio de 2026. La intervención de la Procuraduría se considera crucial para evitar irregularidades en el uso de recursos públicos en estos contratos.
La situación se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por la transparencia en los procesos contractuales del gobierno saliente, lo que podría tener un impacto significativo en la confianza pública hacia la administración entrante.
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