Desde octubre del año pasado, Petro fue incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como Lista Clinton, basada en la Orden Ejecutiva N°14059 de la Casa Blanca. La sanción también alcanzó a su hijo Nicolás Petro Burgos, a la ex primera dama Verónica Alcocer y al ministro del Interior Armando Benedetti.
El abogado penalista Michel Pineda afirmó que la salida de Petro de la Presidencia reduce la inmunidad funcional y facilita que las autoridades estadounidenses avancen en diligencias investigativas, pero aclaró que no implica una declaración de responsabilidad ni una acusación formal. Por su parte, el penalista Óscar Santamaría señaló que, al ser expresidente, lo más probable es que las investigaciones fluyan más, y que la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño podría influir en que esos expedientes avancen.
Un ciudadano que fue incluido en la Lista Clinton en el pasado, quien pidió reserva de su identidad, comentó que la sanción de OFAC tuvo una alta dosis de política y que, como expresidente, Petro sentirá más el impacto porque ya no tendrá respaldo del aparato estatal. Sigue vigente el contrato de $10.000 millones con la firma Amadeus Consultancy Limited para la defensa de Petro y sus allegados en EE. UU., pagado con dinero de la Presidencia.
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