La decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia se tomó en respuesta a la grave situación de riesgo que vive la población civil en Briceño, donde las disputas territoriales y las economías ilícitas han deteriorado la seguridad. En este contexto, el Tribunal exigió al Gobierno nacional que diseñe e implemente un plan de intervención urgente.
Además, se ordenó la conformación de un Consejo de Seguridad extraordinario, que será liderado por la Presidencia de la República, con el fin de abordar de manera efectiva la crisis de seguridad en la región. Esta medida busca coordinar esfuerzos para mitigar el impacto de las estructuras armadas ilegales que operan en el municipio.
El Tribunal también solicitó información sobre el número de efectivos necesarios para atender la situación de seguridad en Briceño, estableciendo un plazo de 10 días hábiles para que el Gobierno responda. Esta solicitud es crucial para determinar la capacidad de respuesta ante la creciente amenaza a la seguridad pública.
Con la presión del Tribunal, el Gobierno tiene un mes para presentar su plan de intervención, lo que podría marcar un cambio significativo en la situación de seguridad en Briceño.
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