En un reciente pronunciamiento, los exjefes de las Farc manifestaron su compromiso de cumplir con las sanciones determinadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras ser declarados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la política de secuestros que se extendió entre 1982 y 2016.
La JEP ha establecido que estos excomandantes deberán llevar a cabo una 'sanción propia', que incluye restricciones a su libertad y trabajos restaurativos en favor de las víctimas. Este enfoque busca no solo hacer justicia, sino también contribuir a la verdad y la reparación en un contexto de reconciliación nacional.
Los exintegrantes del Secretariado deberán residir en un lugar previamente definido y cumplir con horarios y metas que serán supervisados por la JEP. Este proceso es parte del sistema de justicia transicional que fue establecido por el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Farc.
Este compromiso de los exjefes de las Farc puede tener repercusiones significativas en la vida de las víctimas en Boyacá, quienes esperan que se materialicen las promesas de reparación y verdad. La comunidad está atenta a cómo se desarrollará este proceso y qué pasos se tomarán para garantizar el cumplimiento de estas sanciones.
¿Qué medidas específicas se implementarán para asegurar que las víctimas reciban la reparación prometida? La JEP ha indicado que se realizarán seguimientos, pero queda la incertidumbre sobre la efectividad de estas acciones en el corto y mediano plazo.
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