Transparencia por Colombia alerta sobre 43.092 contratos por $7,6 billones firmados tras segunda vuelta presidencial

El informe de Transparencia por Colombia, conocido este lunes, revela que entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026 —periodo posterior al levantamiento de la Ley de Garantías tras la segunda vuelta presidencial del 21 de junio— las entidades del Estado firmaron 43.092 contratos por un valor aproximado de 7,6 billones de pesos. Del total, las entidades del Gobierno Nacional suscribieron 6.717 contratos por 3,4 billones de pesos, equivalentes al 45 % del valor total contratado en ese lapso.

La corporación advierte que el 66 % de los contratos del Gobierno Nacional se hicieron mediante contratación directa, una modalidad que incrementa los riesgos de corrupción. Dentro de esa contratación directa, el 96 % correspondió a Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (PSAG). Las entidades descentralizadas más activas fueron el Sena, el ICBF y el Dane.

El Dane y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) lideran en número de contratación directa, sumando 2.362 contratos entre ambas. La ANT, que tiene una planta de solo 216 servidores públicos, contrató a 6.276 personas por prestación de servicios entre enero y junio de 2026, y se re-vincularon personas ya contratadas en enero.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) concentra 11 de los 15 contratos de mayor valor, la mayoría del programa 'Vías para la Paz', por un valor superior a 2,1 billones de pesos. El contrato más alto es el de la Variante Oriental de Chachagüí, por 650.000 millones de pesos. Cuatro de los 15 contratos más grandes se realizaron mediante modalidades no competitivas: dos del Ministerio del Interior con Newsat S.A.S. (54.443 millones y 33.736 millones de pesos) y dos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares bajo régimen especial (82.500 millones y 73.731 millones de pesos).

Se contrataron 124.147 millones de pesos bajo la causal de que no existen más posibles oferentes en el mercado. Transparencia por Colombia hizo un llamado al gobierno saliente (Gustavo Petro) para que los contratos respondan a necesidades planificadas, y al gobierno entrante (Abelardo de la Espriella) para que revise los compromisos contractuales y fortalezca la planeación competitiva.