En un comunicado difundido este martes 21 de julio de 2026, la Defensoría del Pueblo instó al nuevo gobierno a elaborar el documento Conpes y actualizar la Política Pública para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, en un plazo de un año tras la expedición de la ley.
La entidad también consideró prioritario conformar el Equipo Nacional de Acción Inmediata, que coordinaría respuestas rápidas ante riesgos inminentes de reclutamiento de menores, y poner en funcionamiento el Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores de Edad, para consolidar información y fortalecer estrategias de prevención.
Según la Defensoría, los grupos armados y organizaciones criminales están utilizando redes sociales y plataformas digitales para reclutar menores, por lo que pidió una mayor articulación con el sector tecnológico. La entidad reiteró que la protección de la niñez requiere presencia integral del Estado en los territorios, con oportunidades educativas y respuestas oportunas.
La Ley 2590 de 2026 fue expedida recientemente para endurecer las sanciones contra el reclutamiento de menores, una problemática persistente en zonas de conflicto armado. La Defensoría del Pueblo, como organismo de control, subrayó que no basta con promulgar la ley, sino que se deben implementar los mecanismos que garanticen su efectividad.
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