
El presidente Gustavo Petro reafirmó que nunca ha impartido órdenes para frenar las operaciones de la Fuerza Pública, aclarando que solo el mando de la institución o él mismo pueden dar instrucciones de esa naturaleza. Esta declaración surge en un contexto de tensiones políticas y judiciales en el país, donde la figura de la Fuerza Pública es objeto de debate.
Por su parte, Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el general en retiro Henry Sanabria. Sarabia argumenta que las afirmaciones de Sanabria, quien sostiene que ella intervenía en procedimientos de la Policía, afectan su buen nombre y reputación.
Sarabia defiende su actuación, afirmando que siempre ha operado dentro del marco de sus funciones y que las acusaciones carecen de fundamento. Este conflicto no solo genera incertidumbre en el ámbito político, sino que también podría impactar la percepción pública sobre la integridad de las instituciones del Estado.
La situación plantea interrogantes sobre la relación entre los altos mandos de la Policía y las autoridades civiles. ¿Cómo afectará esta controversia la confianza de los ciudadanos en sus instituciones? La Fiscalía deberá pronunciarse sobre la denuncia presentada por Sarabia, lo que podría tener implicaciones importantes en el futuro político del país.
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