En una reciente entrevista, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez explicó que la decisión de archivar el caso contra Álvaro Uribe Vélez por la masacre de El Aro se tomó en el año 2000, basándose en la valoración de las pruebas disponibles en ese momento. Según Gómez Méndez, el material probatorio no alcanzaba el umbral necesario para iniciar un proceso penal contra Uribe, quien ocupaba el cargo de gobernador de Antioquia en la época de los hechos.
El auto inhibitorio fue firmado por el fiscal Luis Édgar Martínez con la autorización de Gómez Méndez y no fue apelado por la Procuraduría. Esta decisión se mantuvo vigente durante las administraciones de los fiscales generales Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán y Viviane Morales.
El rumbo del caso cambió durante la gestión de Eduardo Montealegre, cuando la Fiscalía revocó la decisión inicial. Gómez Méndez, sin embargo, no conocía las motivaciones detrás de esa determinación. En 2014, la competencia para investigar a Uribe pasó a la Corte Suprema de Justicia, tras su elección como senador, y el expediente permaneció allí hasta su renuncia al Senado.
Gómez Méndez también expresó su respaldo a la fiscal Marcela Abadía, quien es responsable de la reciente indagatoria a Uribe, destacando que este mecanismo asegura el derecho de defensa del investigado. Este nuevo contexto judicial en torno a Uribe reabre el debate sobre el archivo de la investigación de hace más de dos décadas.
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