La Superintendencia Nacional de Salud ha fijado el 6 de julio de 2026 como fecha límite para que la Nueva EPS presente sus estados financieros correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. Este ultimátum se da en medio de una intervención gubernamental que comenzó en abril de 2024, lo que ha generado serias dudas sobre la situación financiera de la entidad.
La Nueva EPS, que atiende a más de 11 millones de usuarios en todo el país, tiene una deuda acumulada que supera los $26 billones, de los cuales $4,6 billones corresponden a proveedores en Antioquia. Esta situación ha llevado a cuestionamientos sobre la capacidad de la administración actual para manejar los recursos de manera eficiente.
La Superintendencia advirtió que, de no cumplir con la entrega de la información requerida, la Nueva EPS podría enfrentar infracciones administrativas, que incluyen multas o incluso la revocatoria de su licencia de funcionamiento, tal como lo establece la cláusula 130 de la Ley 1438 de 2011.
Además, una semana antes del aviso de Supersalud, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también había ordenado a la Nueva EPS que publicara sus estados financieros, otorgándole un plazo de tres meses para cumplir con esta directriz.
La situación es crítica y la comunidad está a la expectativa. ¿Cómo afectará esta falta de transparencia a los servicios de salud en Boyacá? La respuesta podría tener un impacto directo en los usuarios. Mantente informado sobre las próximas decisiones que tome la Nueva EPS y las autoridades sanitarias.
Sigue leyendo
Este contenido es para suscriptores de Boyacá Digital.
Apoya el periodismo regional con inteligencia artificial.







